Corría el año 2017. A estas horas, Cataluña vivía uno de los episodios más convulsos de su historia reciente. El 1 de octubre, el gobierno de la Generalitat intentaba celebrar un referéndum ilegal de independencia, desafiando abiertamente al Tribunal Constitucional. Aquel día dejó imágenes que dieron la vuelta al mundo: urnas requisadas, tensión en las calles y un choque directo entre las instituciones del Estado y los dirigentes separatistas. Para esos partidos de la mal llamada independencia, Junts, ERC y la CUP, fue la materialización de un supuesto derecho democrático. Para el resto de España, un desafío ilegal a la Constitución y al propio Estado de derecho. El balance económico y social de aquel 1-O todavía se arrastra. Cataluña, pese a cierto repunte, no ha recuperado la confianza empresarial ni el dinamismo económico de los años previos.